Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales 18ª y 19ª.

Se añade una nueva disposición adicional primera, con el tenor siguiente: «La configuración y desarrollo de lo previsto en esta ley se realizará reglamentariamente, a través de Real Decreto. Este reglamento deberá recoger de manera obligatoria el resultado del acuerdo y negociación previa sobre tales extremos que habrá de alcanzarse en el seno del Pacto de Toledo, en un plazo no prorrogable de 6 meses desde la entrada en vigor de esta norma. Para ello, el Gobierno, en el plazo igualmente no prorrogable de tres meses, remitirá a dicha Comisión del Congreso de los Diputados, toda la información que sea precisa y, al menos, la relación detallada de: a. El número concreto de personas afectadas, desglosado por colectivos profesionales, situaciones y mutualidades alternativas. b. El impacto económico previsto de las distintas fórmulas de integración sobre la sostenibilidad del sistema público de la Seguridad Social. c. Estudios técnicos y actuariales que haya recabado o solicitado. d. Las responsabilidades que, en su caso, deberán ser asumidas por las mutualidades en su gestión y las medidas de supervisión y control que se estimen oportunas. e. El diseño de mecanismos específicos para atender situaciones de vulnerabilidad económica acreditada. En esta Comisión, habrán de promoverse las comparecencias que sean necesarias de expertos en la materia, afectados y cuantas personas se consideren oportunas para lograr el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, respetando siempre el plazo que en él se marca. De igual manera, el Gobierno recabará informe del Consejo Económico y Social y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sin perjuicio de que pueda solicitar, conforme a nuestro ordenamiento, aquellos otros que estime oportunos. El desarrollo reglamentario, fruto de tal acuerdo en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, habrá de garantizar: a) La equidad de los mutualistas que se integren en el Sistema Nacional de la Seguridad Social respecto al resto de pensionistas y cotizantes en derechos y obligaciones. b) La sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social. c) La preservación de los derechos legítimamente consolidados por los mutualistas. d) La seguridad jurídica y administrativa en el proceso de traspaso de derechos y obligaciones.»