Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Se propone la adición de un nuevo punto en el Artículo 2. Definiciones., que queda redactado en los siguientes términos: 3. A los efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo YY del Título VI, se entenderá por: a) 'via de altas prestaciones': aquellas carreteras que reunan las características señaladas en el artículo 2.3., letras a)y b) de la Ley 37/2015, de carreteras, y otras que sean calificadas como tales por el órgano administrativo competente, bien sea por razón de su funcionalidad como elemento regulador de trafico, o por sus características técnicas,como disponer de elementos de separación de flujo para los dos sentidos de tráfico u otros elementos de seguridad vial, por su estructura intensiva en costes o cualquier otra circunstancia singular. b) 'servicio integrado de vias de altas prestaciones' : conjunto de actividades de servicio público que se desarrollan sobre las vias definidas en el apartado anterior y sus elementos funcionales que hacen posible, como espacio integrado, la movilidad y el transporte de personas y mercancias mediante los vehículos adecuados.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional X, quedando redactado en los siguientes términos: Disposición adicional X. Mecanismo de financiación para asegurar el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado y mejorar la internalización de costes externos del transporte por carretera. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno presentará un estudio de alternativas que analizará las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento y una modernización de la Red de Carreteras del Estado, adaptándola a la electromovilidad y fomentando la digitalización. El mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental, incluyendo de forma prioritaria descuentos a los vehículos eléctricos cero emisiones.