Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de conocer la condena del Fiscal General del Estado.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. [ ] 2. Promover la reforma de las leyes reguladoras de las principales instituciones del Estado, con la finalidad de garantizar la neutralidad de quienes desempeñen en ellas los puestos de dirección. 3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia del próximo fiscal general del Estado; consecuentemente con ello, renunciar a la propuesta de nombrar a una persona del notorio perfil ideológico de Teresa Peramato para dicho cargo. 4. Retirar inmediatamente el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. 5. Renunciar al impulso de iniciativas legislativas que impliquen atribuir la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal, o modificar el ejercicio de la acción popular en el proceso penal; en consecuencia, retirar igualmente de forma inmediata el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. 6. Renunciar a impulsar o aprobar cualquier acción legislativa dirigida a modificar textos legales que afecten al Poder Judicial o al Ministerio Fiscal y que puedan comprometer en lo más mínimo la neutralidad, la independencia y la imparcialidad de dichas instituciones y de cada uno de sus miembros. 7. Promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre los propios jueces y magistrados; y de imponer la observancia exclusiva del criterio reglado de la antigüedad en la carrera con arreglo a su escalafón para la provisión de plazas en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los Tribunales de Justicia.»