Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el prestigio de las instituciones.

'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Poner fin a la intolerable situación actual de deterioro institucional, por medio de la convocatoria de elecciones a Cortes Generales, que deberá realizarse por el jefe del Ejecutivo. 2. Abandonar su inaceptable actitud de promover la ocupación de las principales instituciones del Estado por personas afines a los partidos que lo soportan en esta Cámara. 3. Promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean 10 https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/z080f6c70-97ae-374c-0d3f16d0bda7474a/202410/ el-gobierno-desbloquea-la-renovacion-de-rtve elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre los propios jueces y magistrados; y de imponer la observancia exclusiva del criterio reglado de la antigüedad en la carrera con arreglo a su escalafón para la provisión de plazas en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales de justicia. 4. Impulsar la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el sentido de convertir en vinculante la audiencia preceptiva del CGPJ prevista en la Constitución para el nombramiento del Fiscal General del Estado. 5. Destituir de forma inmediata, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado por la causa abierta que tiene en el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el desempeño de su cargo. 6. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia del Fiscal General del Estado. 7. Derogar el Real Decreto-ley 5/2024, de 22 de octubre, por el que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación RTVE, por suponer el control político, y por lo tanto arbitrario, de la radiotelevisión pública en España que debe de prestar servicios desde la neutralidad.'