Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia que desarrollará el Gobierno para garantizar la supervivencia del campo español.

Defender los intereses del sector primario y la producción nacional mediante políticas que reduzcan la dependencia estructural de importaciones extracomunitarias, eliminen la competencia desleal, impulsen el consumo de productos de proximidad y prioricen la soberanía alimentaria, tomando entre otras, las siguientes medidas: a. Rechazar el acuerdo comercial entre la UE y los países del MERCOSUR, en todos aquellos aspectos que perjudiquen los intereses de los productores españoles, del sector primario y del medio rural. b. Oponerse a la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos para incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario preferente, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2024. c. Suspender de forma inmediata la financiación del sector agrícola de terceros países y destinar esos recursos a la producción agroalimentaria nacional, en apoyo de los agricultores y ganaderos españoles. d. El refuerzo del personal y de los controles en los Puestos de Inspección Fronterizos. e. La exigencia de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales de la Unión Europea, asegurando la preferencia comunitaria. f. El estricto cumplimiento del principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales, garantizando que los productos procedentes de terceros países cumplan las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y medioambientales que los exigidos a los productores europeos. g. La prohibición de la importación de productos tratados con fitosanitarios no autorizados en la UE. h. La reforma del sistema de etiquetado para garantizar una identificación veraz, clara y visible del país de origen de los productos agroalimentarios. i. El establecimiento de sanciones disuasorias en el ámbito comunitario ante el incumplimiento de las normativas sobre importaciones. j. La obligación de realizar estudios de impacto previos a la firma o renovación de acuerdos comerciales que puedan afectar a los productores nacionales.