Moción consecuencia de interpelación urgente

Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de la justicia en España.

Autor: Grupo Parlamentario VOX · Resultado de la tramitación: Rechazado · ficha en congreso.es

Temas: Justicia

De qué trata: Moción que insta al Gobierno a adoptar medidas sobre la independencia judicial, la elección de vocales del CGPJ, la retirada de proyectos de ley y la dotación de recursos a la Justicia. *

Votaciones

Texto oficial

Texto presentado, publicado en el BOCG. Si se votó con enmiendas, el texto votado puede diferir.Fuente.

«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a: 1. Abandonar su inaceptable actitud de hostilidad contra la independencia judicial. 2. Promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre los propios jueces y magistrados. 3. Retirar inmediatamente el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal y el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y, en general, abstenerse de formular cualquier propuesta legislativa que pueda comprometer en lo más mínimo la neutralidad, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal y de cada uno de sus miembros. 4. Cesar en la promoción política de iniciativas de reforma legislativa para modificar las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados, manifestando públicamente la desautorización de cualquier propuesta en tal sentido. 5. Dotar a la Administración de Justicia de todos los medios personales, materiales y tecnológicos que sean necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones. 6. Impulsar una modificación legislativa para restringir los supuestos en que los medios adecuados de solución de controversias son requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil, valorando la supresión de dicho requisito en procesos de familia con menores, juicios monitorios o procesos de desahucio, o en su caso para su supresión total.»