Moción consecuencia de interpelación urgente

Moción consecuencia de interpelación urgente para que el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rinda cuentas del deterioro sin precedentes al que este Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado, en particular, tras la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso · Resultado de la tramitación: Rechazado · ficha en congreso.es

Temas: Justicia · Transparencia, corrupción y calidad democrática

De qué trata: Moción para que el Gobierno rinda cuentas sobre el deterioro de las instituciones del Estado, especialmente tras la condena al Fiscal General del Estado, e instarle a garantizar la autonomía de la Fiscalía, la independencia judicial y de los medios públicos. *

Votaciones

Texto oficial

Texto presentado, publicado en el BOCG. Si se votó con enmiendas, el texto votado puede diferir.Fuente.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Abstenerse de dar indicaciones a la nueva Fiscal General del Estado que comprometan su autonomía e imparcialidad o que inciten a vulnerar la legalidad como ocurrió con el Fiscal General del Estado saliente, Álvaro García Ortiz. 2. Abstenerse de nombrar o promover el nombramiento de Álvaro García Ortiz para cualquier alto cargo en el Gobierno de España, en el sector público institucional estatal o en cualquier órgano constitucional. 3. Abstenerse de promover manifestaciones, movilizaciones o protestas dirigidas contra el Tribunal Supremo o contra el conjunto del Poder Judicial para coartar el ejercicio libre de sus funciones. 4. Adaptar el actual funcionamiento de la Corporación de Radio y Televisión Española a lo exigido por el artículo 5 del Reglamento Europeo sobre la libertad de medios, que demanda a los estados miembros garantizar la independencia de los prestadores del servicio público de medios de comunicación desde el punto de vista editorial y funcional, y dejar por tanto de utilizar los medios públicos para alimentar los ataques del Gobierno de España al Poder Judicial.»