XV Legislatura (disuelta el 06/10/2026)
XV Legislatura › Expediente 173/000059

Moción consecuencia de interpelación urgente

Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la responsabilidad del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en los múltiples casos de corrupción que involucran al Presidente Sánchez y a más de la mitad de su Gobierno.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso · Resultado de la tramitación: Rechazado · ficha en congreso.es

Temas: Transparencia, corrupción y calidad democrática

De qué trata: Moción del Grupo Popular que insta al Gobierno a aclarar supuestos casos de corrupción vinculados al Presidente y miembros del Ejecutivo, así como a no usar la Abogacía del Estado contra jueces que los investiguen. *

Votaciones

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Texto oficial

Texto presentado, publicado en el BOCG. Si se votó con enmiendas, el texto votado puede diferir.Fuente.

'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Dar explicaciones en esta Cámara, a través del Presidente del Gobierno, sobre las relaciones mantenidas por él mismo y por su entorno familiar con el empresario hoy en prisión Víctor de Aldama y sobre las razones que motivaron el cese del ex Ministro José Luis Ábalos y su eventual relación con la presunta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros. 2. Aportar la relación de las reuniones de los distintos miembros del Gobierno en las que se trató el rescate de Air Europa, con sus respectivas fechas y participantes en cada una de ellas, especificando en cuáles de ellas participó el Presidente del Gobierno y el motivo de su presencia en las mismas. 3. Aclarar las múltiples contradicciones y mentiras en las que incurrieron diferentes miembros del Gobierno, y en especial el propio Presidente en sede parlamentaria, sobre el viaje de Deley Rodríguez a España, ocultando que se trataba de una invitación oficial del Partido Socialista promovida por miembros de una trama corrupta. 4. Renunciar al uso de la Abogacía del Estado para emprender acciones judiciales contra jueces y magistrados que, en ejercicio de su función constitucional de administrar justicia, investigan a miembros del Gobierno y sus familiares en diversos casos de corrupción.'