Moción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno dé cuenta de las previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre todos los españoles.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso · Resultado de la tramitación: Rechazado · ficha en congreso.es

Temas: Igualdad de género · Organización territorial y lenguas

De qué trata: Moción para instar al Gobierno a reformar el sistema de financiación autonómica con principios de multilateralidad, transparencia y suficiencia financiera, garantizando igualdad en la prestación de servicios en todo el territorio. *

Votaciones

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Texto oficial

Texto presentado, publicado en el BOCG. Si se votó con enmiendas, el texto votado puede diferir.Fuente.

'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Garantizar que la multilateralidad y transparencia serán los principios sobre los que se fundamentará el proceso de estudio, trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica. Se debe abandonar la bilateralidad con las CCAA, pues este debe ser un proyecto de todos. 2. Iniciar la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica con la convocatoria de la Conferencia de Presidentes (tal como vienen solicitando la gran mayoría de Presidentes Autonómicos), en las que el Presidente del Gobierno junto con los Presidentes Autonómicos los que acuerden el comienzo y el procedimiento que se va a seguir. El segundo paso sería la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para su debate de manera conjunta (multilateralidad) y transparencia. 3. Cuantificar con base en distintos pronunciamientos previos de la Ministra de Hacienda la cantidad y fórmula del incremento de los fondos a destinar a las CCAA para conocimiento previo y garantizar que nadie pierde y todos ganen. Se debe garantizar la suficiencia financiera y la prestación de los servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. 4. Establecer un fondo transitorio de apoyo a las CCAA durante el proceso de negociación del sistema de financiación que sirva para atenuar los problemas actuales. 5. Asegurar que se respetará y tendrá en cuenta la insularidad de Canarias y Baleares, así como las especialidades de las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 6. Modificar el reglamento del CPFF para dotar a las CCAA de mayor capacidad de decisión en la toma de decisiones, tal y como ya han solicitado numerosas Comunidades Autónomas. 7. Basar la reforma del sistema de financiación en el análisis de datos, trabajando en la cuantificación del futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento que según los estudios oficiales se va a producir en nuestro país en los próximos años. 8. Tener en cuenta, dentro de los diferentes cálculos que se realizarán, la ponderación de variables como la dispersión, la despoblación, el envejecimiento, el reto demográfico, el coste de la prestación de los servicios... por tanto variables que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de lo servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. 9. Incluir dentro del sistema de financiación autonómica una nueva cogobernanza de los fondos europeos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que atienda a las reivindicaciones que han manifestado todas las CCAA. 10. Analizar los fondos existentes y el cumplimiento de los fines para los que están previstos. 11. Asegurar el respeto de las capacidades normativas de las CCAA, evitando intromisiones en sus competencias que ayude a dotar de seguridad jurídica al desarrollo funcional de las CCAA. 12. Establecer una cláusula de respeto a las CCAA en los términos regulados en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las Comunidades Autónomas así como en la disposición adicional sexta de la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, de tal manera que se acuerde un compromiso de Estado que asegure cualquier incremento de costes extraordinarios derivados de decisiones unilaterales del Gobierno con repercusión en las CCAA llevará automáticamente adherida la financiación necesaria para su cumplimiento, no permitiendo la aprobación de medidas, normas o leyes que suponiendo un incremento de costes para las cuentas públicas de las CCAA no lleven anexas los recursos necesarios.