Proposición no de Ley relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el sector turístico español.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso · Resultado de la tramitación: Aprobado con modificaciones · ficha en congreso.es

Temas: Industria, comercio y transformación digital

De qué trata: Proposición no de ley para instar al Gobierno a revisar y adaptar el Real Decreto 933/2021 sobre obligaciones de registro en el sector turístico, suspendiendo su aplicación y dialogando con el sector. *

Votaciones

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Texto oficial

Texto presentado, publicado en el BOCG. Si se votó con enmiendas, el texto votado puede diferir.Fuente.

'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas: - Prolongar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, hasta tanto en cuanto se aborde una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de esta normativa en compañía de los subsectores turísticos más afectados por la misma, considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de nuestras empresas turísticas, así como los notables perjuicios que se ocasionarían a los intereses turísticos españoles en el caso de producirse la entrada en vigor prevista a partir del próximo 2 de diciembre. - Elaborar el desarrollo normativo mencionado en el punto uno considerando los acuerdos ya adoptados durante el procedimiento de implantación (desde 2021 a la actualidad) con los sujetos obligados. En este sentido especial mención a la exclusión de los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector. - Revisar las obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas, como la Directiva PSD2 y el Reglamento (UE) 2018/389, que limitan el acceso a datos encriptados y protegen la privacidad del cliente. - Apoyar en todo caso las reivindicaciones que viene planteando de manera unánime desde 2021 el sector turístico español en su conjunto, -habiéndose obtenido igualmente el respaldo de las asociaciones turísticas de la Unión Europea-, acerca de los efectos perniciosos del alcance y contenido del Real Decreto 933/2021 para el funcionamiento de la actividad turística, contemplada la insensibilidad sistemática del Gobierno de coalición para con el primer sector productivo de la economía española. - Abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como CEHAT, CEAV, ACAVE, FETAVE, UNAV o FENEVAL, para consensuar el desarrollo normativo mediante orden ministerial señalado y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector. Proceso durante el cual, y, hasta no alcanzar el consenso, el régimen sancionador no debería tener efecto. - Intensificar los vínculos de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todos los aspectos que puedan contribuir a reforzar los parámetros de seguridad y estándares de calidad de los destinos españoles. - Desplegar e implementar dentro de la acción del Gobierno como principio rector medidas favorables a la mejora de la capacidad competitiva de la marca España y que no se traduzcan finalmente en una pérdida de competitividad ni lastre para la cadena de valor turística española dentro del mercado turístico mundial'.