Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Autor: Gobierno · Resultado de la tramitación: Convalidado y tramitado como proyecto de ley · ficha en congreso.es

De qué trata: Real Decreto-ley que introduce medidas extraordinarias para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), incluyendo modificaciones presupuestarias y de financiación. *

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Texto oficial

Real decreto-ley publicado en el BOE: inicio de la exposición de motivos y estructura (títulos, capítulos y artículos). Fuente.

Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. [BOE-A-2026-13643] EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (inicio) Transcurridos casi veinte años desde la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha consolidado como un pilar esencial del estado del bienestar en España al integrar la protección frente a las situaciones de dependencia como un derecho subjetivo de la ciudadanía. Configura una garantía pública universal que otorga reconocimiento jurídico a una necesidad social, a la vez que incorpora el derecho a la autonomía personal como elemento irrenunciable de cohesión social. Desde esa perspectiva, el SAAD ha venido desempeñando una función relevante en la redistribución de los riesgos sociales y en la reducción de las desigualdades, especialmente aquellas vinculadas a la edad, la discapacidad y el género. Su desarrollo ha contribuido a profesionalizar la tarea de los cuidados de larga duración, a reconocer su valor social y económico, a generar empleo y, de forma significativa, a aliviar la carga que, de forma desproporcionada, han asumido históricamente las mujeres en la esfera familiar. En definitiva, la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, supuso un avance decisivo en la construcción del Estado social en España, al reconocer un derecho subjetivo de gran relevancia social y establecer un sistema institucional para su garantía. Según datos del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), en mayo de 2026, casi 1,7 millones de personas (1.682.785) se beneficiaban de alguna prestación o servicio de este Sistema. Esta cifra refleja la magnitud y relevancia alcanzada, casi dos décadas después, por esta red pública de protección social. Además de un pilar de nuestro Estado social, el SAAD ha tenido un impacto muy relevante en la creación de empleo estable y regulado frente a la tradicional preponderancia de los cuidados informales, aunque persisten retos en materia de calidad del empleo y cualificación del personal. Desde su puesta en marcha, el Sistema ha generado nuevas oportunidades laborales en actividades vinculadas con la atención domiciliaria, los servicios residenciales, o la teleasistencia, entre otras, con un importante componente de proximidad territorial y potencial de innovación. Según el Informe de empleo en Servicios Sociales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante, IMSERSO) correspondiente al primer trimestre de 2026, el Sistema emplea en la actualidad a más de 500.000 personas, de las que un 80% son mujeres, convirtiéndolo en uno de los principales generadores de empleo en el ámbito de los servicios sociales. No obstante, su potencial de crecimiento es aún mayor. Estimaciones realizadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 determinan que, dependiendo de la cobertura y los servicios priorizados, será necesario incorporar entre 261.400 y 639.400 nuevas personas trabajadoras al SAAD antes del año 2030. En definitiva, su afianzamiento y la extensión de su cobertura puede erigirse en un verdadero catalizador de transformación de nuestro modelo productivo hacia una economía más intensiva en cuidados, innovación y bienestar capaz de generar empleo de calidad. Pese al innegable avance que supuso la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el diseño del SAAD ha quedado parcialmente desbordado por retos emergentes de naturaleza social, demográfica y de organización de los cuidados. Las tendencias demográficas en curso y los cambios en las estructuras familiares hacen que el afianzamiento de un sistema público de protección social capaz de garantizar los apoyos necesarios para promover la autonomía personal y asegurar una atención digna y personalizada a las personas en situación de dependencia sea una tarea prioritaria para fortalecer nuestra democracia social. A ello se suma el mandato emanado de la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución Española que insta a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad, deber constitucional que también se proyecta sobre la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, además de, evidentemente, sobre el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Combinadas ambas motivaciones, el 24 de julio de 2025 el Gobierno remitió a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española. Se trata, en definitiva, de acomodar la normativa para materializar el derecho de las personas con discapacidad y en situación de dependencia a contar con los apoyos necesarios para poder desarrollar un proyecto de vida independiente, en su entorno comunitario y respetuoso de su voluntad. En términos de financiación, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia presenta una trayectoria marcada por fases diferenciadas de expansión progresiva, estancamiento y recuperación. En el período inmediatamente posterior a la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la inversión experimentó un crecimiento progresivo y paralelo a la consolidación de la estructura institucional necesaria para el despliegue de la ley. Así, solo cuatro años después de su aprobación, la aportación de la Administración General del Estado ascendía a más de 1.816 millones de euros. El período inmediatamente posterior, a partir del año 2011, estuvo marcado por una reducción significativa de la aportación estatal y un […] ESTRUCTURA Artículo primero. Modificación de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Artículo segundo. Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto de la sección 29 «Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030». Disposición final primera. Título competencial. Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario y ejecución. Disposición final tercera. Entrada en vigor.