Proposición de Ley de medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria.

Autor: Grupo Parlamentario Republicano · Resultado de la tramitación: Rechazado · ficha en congreso.es

Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos · Vivienda

De qué trata: Proposición de ley para eliminar beneficios fiscales a SOCIMIs y crear un impuesto sobre la acumulación de más de dos viviendas residenciales, con el fin de combatir la especulación inmobiliaria. *

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Texto oficial

Texto de la iniciativa publicado en el BOCG (recortado; el texto completo está en la fuente). Fuente.

Exposición de motivos I El acceso a una vivienda digna y asequible se encuentra gravemente comprometido en los Países Catalanes y en el Estado español. Lo que durante décadas se fue gestando como un problema estructural, hoy se manifiesta como una auténtica emergencia social. En numerosas ciudades y territorios, la combinación de especulación inmobiliaria, concentración de propiedades en pocas manos, transformación de viviendas en alojamientos turísticos y una falta crónica de vivienda pública ha generado una situación límite para miles de familias. Las clases populares, la juventud y los colectivos vulnerabilizados sufren las consecuencias más graves: expulsión de los barrios, precariedad residencial e imposibilidad de acceder a una vivienda digna. En el Estado español, solo el 2,5 % del parque de vivienda es de titularidad pública, una de las cifras más bajas de la Unión Europea. En cambio, países como Austria (24 %), Países Bajos (30 %) o Dinamarca (20 %) cuentan con un parque público sólido, capaz de regular el mercado, garantizar alquileres asequibles y reducir desigualdades. En Catalunya, la situación es aún más crítica: el parque de vivienda pública representa solo el 1,7 % del total, con graves desigualdades entre municipios. Este déficit estructural es especialmente alarmante si tenemos en cuenta que más de 130.000 familias figuran inscritas en registros de vivienda protegida, pero solo hay unas 17.000 unidades públicas efectivamente disponibles. En ciudades como Tarragona, Lleida, Reus, Manresa o Girona, el parque de vivienda social disponible no supera el 1 % del total. En Sabadell, Terrassa y Mataró, ciudades con más de 100.000 habitantes, las demandas superan ampliamente las posibilidades de oferta pública. El resultado es que cada vez más personas se ven obligadas a permanecer en situaciones de inseguridad habitacional o a depender de alquileres inasumibles en el mercado libre. Este déficit no es un problema exclusivo de Catalunya. En el País Valencià, el parque público no alcanza el 2 %. En las Islas Baleares, la falta de parque público se combina con una alta demanda de segundas residencias y uso turístico, generando una escasez generalizada. A este escenario se suma la presión turística, que transforma el carácter y el equilibrio residencial de muchas ciudades y pueblos. En Catalunya, hay más de 100.000 viviendas de uso turístico registradas. En Barcelona, más de 10.000 están legalizadas, pero miles más operan ilegalmente. En municipios cómo Sitges, Calella, Salou, Platja dAro o Roses, el porcentaje de viviendas dedicadas al turismo supera en muchos casos el 10 % del parque total, llegando incluso al 20 % en zonas específicas del litoral. En Cadaqués, más del 40 % de las viviendas son de segunda residencia o uso turístico. Aunque el impacto es especialmente visible en Catalunya, ciudades como València y Palma han experimentado igualmente una expansión acelerada de los alojamientos turísticos, a menudo localizados en zonas residenciales densamente pobladas. Según Exceltur, más del 40 % del crecimiento de la oferta de alojamiento turístico en el Estado en la última década proviene de la reconversión de viviendas residenciales. Esta mutación no solo reduce la oferta de vivienda estable, sino que provoca procesos de sustitución vecinal, fragmentación comunitaria y pérdida del comercio de proximidad. Estas condiciones han situado la vivienda en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía. Según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, la vivienda es, por primera vez desde 2007, el problema que más preocupa a los catalanes, por encima de cuestiones como la economía o la situación política. Es una señal inequívoca de que la ciudadanía percibe con claridad que la vivienda no es un derecho garantizado, sino un bien de lujo fuera del alcance de muchas familias. La respuesta institucional ha sido claramente insuficiente. Los sucesivos gobiernos españoles han priorizado el fomento del mercado privado y han mantenido un régimen fiscal favorable a las grandes sociedades inversoras y los usos turísticos de la vivienda. Mientras tanto, las administraciones locales, que son las que sufren con mayor intensidad las consecuencias de la crisis, carecen de herramientas fiscales y normativas para actuar con eficacia. La falta de una política fiscal clara y redistributiva en materia de vivienda ha contribuido a perpetuar esta situación insostenible. Ante este escenario generalizado, se considera imprescindible una respuesta valiente, decidida y estructural desde la Administración General del Estado. La vivienda no puede seguir siendo tratada como una mercancía o un activo financiero: es un derecho que debe garantizarse. Por ello, es necesario afrontar esta crisis desde el frente fiscal, ya que aquello que el sistema impositivo incentiva o penaliza determina de facto el modelo de ciudad y de sociedad que construimos. La fiscalidad debe desempeñar un papel fundamental para revertir la situación, corregir desequilibrios y poner fin a los privilegios que favorecen la acumulación especulativa, la expulsión vecinal y el uso turístico intensivo de la vivienda. Apostamos por una fiscalidad justa y progresiva que fomente el uso social de la vivienda y permita financiar un parque público suficiente, diverso y arraigado al territorio. Las medidas que proponemos se inscriben en una concepción transformadora de la fiscalidad: una fiscalidad justa, progresiva y orientada al bien común. Es necesario que quienes más tienen, quienes acumulan propiedades y rentas inmobiliarias, contribuyan más. Y que esta contribución sirva para garantizar derechos colectivos, como el derecho a una vivienda digna. Por eso defendemos una fiscalidad que no solo recaude, sino que redistribuya y garantice igualdad de oportunidades, cohesión social y justicia territorial. II En el artículo primero, proponemos la eliminación de los beneficios fiscales de los que actualmente disfrutan las SOCIMIs. Estas sociedades, según han denunciado entidades como el Observatori DESC y el Sindicat de Llogateres, operan bajo un régimen prácticamente exento de impuestos y actúan como catalizadores de la financiarización de la vivienda. Este privilegio fiscal no solo es injusto, sino que contribuye a la expulsión vecinal y al encarecimiento de los alquileres. Es necesario poner fin a estas ventajas fiscales y exigir que las SOCIMIs cumplan plenamente con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), garantizando condiciones justas para los inquilinos. En el artículo segundo, proponemos la creación de un nuevo impuesto sobre la acumulación de bienes inmuebles de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y concebido como un complemento al IVA. Este tributo busca penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar su movilización a la tenencia en propiedad de la propia residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social. Esta medida se alinea con una concepción de fiscalidad […]