Proposición de Ley en apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso · Resultado de la tramitación: Rechazado · ficha en congreso.es

Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos · Agricultura, pesca y mundo rural

De qué trata: Proposición de ley para declarar el sistema alimentario español como sector estratégico, con medidas de apoyo a explotaciones vulnerables, revisión de políticas y ayuda a productores en crisis. *

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Texto oficial

Texto de la iniciativa publicado en el BOCG (recortado; el texto completo está en la fuente). Fuente.

Exposición de motivos I La Constitución Española proclama, en su artículo 130, que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, y en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Por otra parte, en su artículo 45.2, también determina que «los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». A su vez, el artículo 148.1 de la Constitución incluye entre las materias en las que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias, la agricultura, la ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía y a los montes y aprovechamientos forestales, siendo el Estado competente para la planificación general de la actividad económica, como se desprende del apartado decimotercero del artículo 149.1 de la Carta Magna. Otro precepto constitucional que tiene una relación directa con la agricultura, sin citarla expresamente, es el artículo 51, sobre defensa de los consumidores y usuarios, uno de cuyos principales ámbitos por su trascendencia en la salud y el bienestar de los ciudadanos, debe ser el de la producción y distribución de alimentos. A su vez, la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, define en su artículo 2 b) que se considera un sector estratégico: «cada una de las áreas diferenciadas dentro de la actividad laboral, económica y productiva, que proporciona un servicio esencial o que garantiza el ejercicio de la autoridad del Estado o de la seguridad del país. Su categorización viene determinada en el anexo de esta norma», anexo que recoge como estratégico el sector de la alimentación. II La alimentación es un sector estratégico de la actividad productiva y económica de nuestro país, que se soporta principalmente en el funcionamiento de la cadena alimentaria, configurada por la producción primaria, la industria alimentaria y la distribución y comercialización. El conjunto del sector agroalimentario en nuestro país viene atravesando en los últimos años una difícil situación que está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones y empresas y el mantenimiento en la actividad de un importante número de productores, lo que pone de manifiesto la necesidad de su refuerzo, a través de la aplicación de políticas de apoyo a las explotaciones más vulnerables y de la revisión de aquellas políticas que no están dando el resultado esperado. La pandemia de la COVID-19 ha tenido unas consecuencias sin precedentes en nuestra sociedad y en nuestra economía. Los agricultores y el resto de los operadores de la cadena alimentaria han hecho todo lo posible por seguir manteniendo el suministro de alimentos a la población. Su esfuerzo y dedicación, en especial en los momentos más difíciles de la crisis sanitaria, puso en valor ante los consumidores y la sociedad la importancia estratégica de contar con una cadena alimentaria capaz de continuar con su labor, garantizar la alimentación, la salud y el bienestar de los ciudadanos. La crisis económica y social derivada de la pandemia y de su ineficiente gestión está causando un grave impacto en los resultados económicos de las explotaciones agrarias, e industrias alimentarias que hacen frente a constantes incrementos en los costes de los factores de producción sin encontrar una adecuada remuneración en las ventas de sus productos, por los problemas existentes en el funcionamiento de la cadena de suministro, en la distribución del valor a lo largo de la misma y el consiguiente aumento de precios al consumidor final. Esta grave situación económica se ha visto agravada por la invasión de Ucrania por Rusia, que ha alterado los intercambios de productos agroalimentarios y generado importantes incertidumbres en los mercados internacionales, además de nuevas alzas de precios derivadas de las actuaciones bélicas, lo que está provocando que el sector agroalimentario español se vea especialmente perjudicado por el conflicto bélico. Todo ello, en un contexto de transición de la economía europea y española hacia un modelo descarbonizado y de lucha contra el cambio climático, en el que el sector primario se ve abocado a afrontar un proceso de transición hacia un modelo productivo menos intensivo en consumo de fertilizantes y fitosanitarios, que debe hacerse sin reducciones significativas en las cosechas esperadas, sin que se haya prestado suficiente atención a los apoyos públicos y de colaboración público-privada que necesita para ello. Cuestionar la profesionalidad y excelencia de nuestro sector primario, de la calidad de los alimentos que producimos, y en última instancia, de la competitividad de un sector que representa cerca del 12 % del PIB de la economía española, que genera unos 3 millones de empleos, que exporta por valor de más de 60.000 millones de euros al año, y que es la principal fuente de actividad en el medio rural no contribuye a la estabilidad del sector. Este descrédito también puede formar parte de las causas que justifican que nuestro medio rural afronte el reto de la despoblación con mucha más intensidad que nuestros vecinos europeos. Las explotaciones agrarias de nuestro país y en especial las de algunos sectores, vienen sufriendo pérdidas muy importantes en sus resultados económicos, pérdidas que ponen en riesgo su viabilidad a consecuencia de importantes alzas en los costes de producción, de la insuficiencia en los precios percibidos y de los desequilibrios entre oferta y demanda. La industria y la distribución agroalimentarias se ven, igualmente, obligadas a sobrellevar estos elevados incrementos de costes de producción y los gastos derivados de la nueva regulación ambiental, como el nuevo impuesto al uso del plástico o el nuevo modelo de gestión de residuos, lo que les supone un importante coste adicional. III La reducción de los índices de rendimiento aplicables a los efectos de determinar la cuantía del impuesto sobre la renta para las actividades agrícolas y ganaderas, como en otras ocasiones, constituye una medida obligada para facilitar la continuidad en el ciclo productivo de las explotaciones afectadas por circunstancias excepcionales. Pero, siendo importante la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el sistema de estimación objetiva por módulos, la cuantía de las pérdidas y la continuidad de las causas que las han motivado hace necesario que el Gobierno ponga en marcha mecanismos de apoyo a los productores, como es la concesión de ayudas estatales de «mínimis» destinadas a las explotaciones de aquellos sectores que se encuentren en situación de crisis y vean en riesgo su continuidad en el ciclo de producción. A fin de dar seguridad y evitar arbitrariedades en la concesión de estas […]