Proposición de Ley para garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso · Situación: Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico Enmiendas · ficha en congreso.es

Temas: Medio ambiente, energía y clima · Industria, comercio y transformación digital

De qué trata: Proposición de ley para garantizar el papel de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético español, incluyendo su extensión operativa y gestión de residuos. *

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Texto oficial

Texto de la iniciativa publicado en el BOCG (recortado; el texto completo está en la fuente). Fuente.

Exposición de motivos I La Comisión Europea ha publicado el Informe 'El futuro de la competitividad europea' ('The future of European competitiveness'), conocido como 'Informe Draghi', con el objetivo de analizar los desafíos a los que se enfrentan las industrias y empresas en el mercado único, servir de guía para los trabajos del actual mandato de la Comisión Europea y realizar un nuevo acuerdo por la industria para la mejora de la competitividad y la generación de empleos de calidad. En el Informe se sostiene que la descarbonización del sistema energético europeo implica el despliegue masivo de fuentes de energía limpia con bajos costes marginales de generación, como las renovables y la nuclear. Y señala la importancia del enfoque tecnológicamente neutral para abordar la descarbonización competitiva de la Unión Europea (UE) afirmando que este enfoque debería incluir las energías renovables, la energía nuclear, el hidrógeno, la bioenergía y la captura, utilización y almacenamiento de carbono. El pasado 26 de febrero de 2025 la Comisión ha publicado dos documentos anunciados en el 'Competitiveness Compass'. Por un lado, el Plan para una energía asequible; y por otro, el pacto para una industria limpia en un contexto claro de neutralidad tecnológica. En ambos planes se aprecia que la Comisión Europea, en su plan de reindustrialización, pone el foco en la fiscalidad energética; en concreto, en el alto coste para la competitividad que están teniendo los elevados impuestos a la electricidad en la UE y realiza un llamamiento a los países para reducirlos. Además, señala como objetivo una verdadera unión energética, donde la energía nuclear juega un papel fundamental. Sin embargo, en España se viene siguiendo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una política claramente contraria a dicha neutralidad tecnológica, que encuentra su máxima expresión en el cierre programado del parque nuclear español en operación actualmente, así como en la arquitectura legal y reglamentaria diseñada por el Gobierno para hacer inviable la operativa nuclear y procurar su cierre. El 6.º Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) -documento en el que se establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares-, se aprobó en 2006 y debería haberse actualizado antes del 2015 de acuerdo con el calendario establecido por la Directiva 2011/70/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos. El citado Plan contemplaba el cierre de las Instalaciones de energía nuclear en España al fin de 40 años de operación. Sin embargo, las empresas titulares de las instalaciones nucleares y ENRESA llegaron a un acuerdo en marzo de 2019 mediante el cual, -según explicaba el Presidente de ENRESA en su comparecencia parlamentaria de 27 de septiembre de 2022 ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados-, se alargó la operación de los 40 años previstos en el Sexto Plan General a 45,7 años de media, concretamente Almaraz I y II, operarán 44 años; Ascó II y Cofrentes, operarán 45 años; Ascó I operará 46 años; y Vandellós II y Trillo, lo harán durante 47 años. Las nuevas previsiones de dicho acuerdo fueron asumidas por el MITECO en la medida en que quedaron incorporadas al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y recientemente confirmadas en su actualización como PNIEC 2023-2030 aprobada el pasado septiembre. Un año después, en marzo de 2020, con la difusión del primer borrador se iniciaba la tramitación del 7.º PGRR que debía incorporar esos acuerdos al texto normativo nacional. Sin embargo, desde la fecha de inicio del trámite de consulta pública, se han sucedido acontecimientos muy relevantes en el sector energético en general y en el sector nuclear en particular. La pandemia de 2020 contrajo la demanda y redujo precios en el mercado mayorista. Desde esa fecha, durante 2020 y 2021 se autorizó por el MITECO el cierre de la mayoría de las centrales térmicas de carbón existentes en España, lo que dejó al gas de los ciclos combinados como única tecnología para cubrir el 'hueco térmico' que da respaldo a la generación renovable intermitente o fluyente cuando no resulta suficiente para cubrir la demanda nacional. Pero en 2021 se produjo un efecto rebote en la demanda y los precios del mercado mayorista, que generó problemas en las cadenas de suministro y un paulatino crecimiento de los precios del gas, que comenzó a trasladarse al sector eléctrico con máximos históricos de precios ya en enero de 2021 y, de manera continua y recurrente desde junio de ese año 2021. Finalmente, la invasión rusa de Ucrania y las medidas sancionadoras acordadas en la UE respecto a la reducción de compras de gas ruso intensificaron la emergencia y complicaron aún más la situación de España, que había perdido meses antes su buena posición geopolítica respecto al gas más barato recibido desde Argelia por gasoducto, al mismo tiempo que la denominada 'excepción ibérica' incentivó el consumo de gas para generación eléctrica. Paralelamente a lo anterior, se producía el debate en la UE sobre el rol de la energía nuclear en las políticas de lucha contra el cambio climático, aprobándose finalmente su incorporación a la taxonomía verde, por tratarse de tecnología que genera muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero, debate en el que el Gobierno de España siempre manifestó su oposición. Ya entonces comienza a considerarse también el rol económico en el sistema eléctrico que puede desempeñar la energía nuclear, ya sea con la extensión de las autorizaciones previstas para las instalaciones nucleares operativas, ya sea con la nueva tecnología de los pequeños reactores nucleares modulares (SMR, por sus siglas en inglés). II Y es que el cierre de las instalaciones de energía nuclear tiene un efecto económico en los precios del mercado mayorista eléctrico que supone un sobrecoste para los consumidores, porque deja de generarse energía nuclear barata y sin emisiones. Hay que recordar que el parque de generación nuclear produjo 54.276 GWh en 2023 y 52.391 GWh en 2024, lo que sirvió para atender el 20,3 % y el 19,6 % de la demanda nacional anual eléctrica, respectivamente. En los últimos diez años se ha venido manteniendo la energía nuclear como la primera fuente de producción eléctrica en España con entre el 20 % y el 22 % del total. Y es que, generalmente, oferta en el mercado mayorista a precio cero, como carga base, por lo que contribuye decisivamente a rebajar el coste total que se determina con el diseño marginalista del mercado y a garantizar la seguridad y continuidad del suministro. Por otro lado, la producción de energía nuclear supone entre el 30 % y el 40 % de la electricidad libre de emisiones […]