Proposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.

Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR · Resultado de la tramitación: Rechazado · ficha en congreso.es

Temas: Transparencia, corrupción y calidad democrática

De qué trata: Proposición de ley para crear una Oficina de prevención de la corrupción con el fin de mejorar la integridad pública y abordar la corrupción política en España. *

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Texto oficial

Texto de la iniciativa publicado en el BOCG (recortado; el texto completo está en la fuente). Fuente.

Exposición de motivos I La corrupción se define como el mal uso de los recursos públicos para el beneficio privado, si bien esta definición amplia se traduce en acciones de muy diversa índole que menoscaban el normal funcionamiento de las instituciones democráticas desviándolas del que debería ser siempre su objetivo, es decir, la mejora del bienestar de la ciudadanía y el trabajo para el bien común de la sociedad. A nivel global, existe un amplio consenso social en que la corrupción es un problema político de primer orden y, en consecuencia, en que debe ser una prioridad política y social la mejora de la integridad pública, entendida como la construcción de instituciones y mecanismos que garanticen que los recursos públicos se encuentran al servicio de la colectividad. Si bien en décadas pasadas la lucha contra la corrupción se vinculó fundamentalmente a la promoción del desarrollo económico, especialmente en programas impulsados desde organismos internacionales, hoy tanto la academia como la sociedad civil han desarrollado un diagnóstico más completo y preciso de los impactos de la corrupción en nuestros sistemas sociales, económicos y políticos. En primer lugar, sin duda la existencia de corrupción es un impedimento para el desarrollo económico de los países al dificultar la seguridad jurídica en el ámbito comercial. La existencia de corrupción endémica merma las posibilidades de un desarrollo justo y facilita la perpetuación de dinámicas extractivistas y clientelares. Si bien, como se ha comentado, estos impactos sobre el desarrollo económico de los países han recibido tradicionalmente el mayor interés, no es menos cierto que la corrupción tiene también otros efectos igualmente negativos. La existencia de corrupción tiene un impacto negativo sobre nuestras democracias, mermando la confianza ciudadana en las instituciones y generando un círculo vicioso en el cual esta pérdida de confianza se traduce, a su vez, en una menor participación electoral y política, un debilitamiento de los medios de rendición de cuentas sociales y, en consecuencia, un aumento de los riesgos de corrupción. Pero existe también un tercer elemento demasiadas veces olvidado pero que constituye las políticas de integridad pública como un elemento central para garantizar un estado del bienestar justo e igualitario. La corrupción tiene un fuerte impacto en términos de igualdad social, ya que perjudica la calidad de nuestros servicios públicos y genera sistemas inequitativos de acceso a dichos servicios, donde la mayoría de la ciudadanía puede quedar excluida o recibir servicios de menor calidad debido al desvío de recursos públicos hacía intereses privados. Por todo lo dicho, la integridad pública debe ser una de las prioridades políticas centrales para garantizar una democracia plena con instituciones públicas sólidas y servicios públicos igualitarios y de calidad. II En el ámbito de la corrupción, España ha sido un país tristemente conocido en las últimas décadas por el descubrimiento periódico de casos graves de corrupción política que implican una mácula indigna de una democracia moderna y consolidada como es la nuestra. Aunque la corrupción es una realidad de medida compleja, todos los indicadores vinculados a la percepción pública, a las investigaciones y condenas judiciales, o a las investigaciones provenientes del periodismo y la sociedad civil, señalan que España muestra niveles de corrupción política sensible e inaceptablemente más elevados que otros países de nuestro entorno. No obstante, sería un error caer en planteamientos deterministas vinculados a explicaciones obsoletas que en otro tiempo vinculaban la corrupción exclusivamente a cuestiones culturales o sociales. La corrupción es una realidad vinculada a determinados déficits en los diseños institucionales, políticos y administrativos, los cuales deben ser reformados para fomentar mecanismos de integridad e incentivos para una cultura ética en el conjunto del sistema político y administrativo. De hecho, nuestro país es ejemplo de cómo un adecuado sistema institucional puede evitar las conductas corruptas. Mientras, como se ha mencionado, España muestra una elevada corrupción política, los diferentes indicios sobre sobornos en la administración pública, si bien son datos que deben interpretarse con cautela, apuntan a que nos encontramos entre los países con menos corrupción administrativa de nuestro entorno. La construcción de un sistema funcionarial ordenado, meritocrático y altamente profesionalizado sería, de esa forma, la explicación de los satisfactorios niveles de integridad pública en dicho ámbito. Así pues, nos encontramos frente al reto de abordar las reformas normativas necesarias para mejorar los mecanismos de integridad pública en nuestro país y situarlo, de una vez por todas, en el camino de la erradicación de una corrupción política indigna de una democracia social y avanzada como la nuestra. III Como ya se ha apuntado, el abordaje de la corrupción requiere de medidas que vayan más allá de la tradicional visión represiva o ex post, basada sobre todo en la persecución y condena judicial, las cuales se muestran insuficientes para construir un sistema político y una administración marcadas por la integridad y el interés público como única guía de actuación. Las medidas preventivas o ex ante son fundamentales para que el abordaje de esta problemática no se base en meras respuestas apresuradas a escándalos concretos, sino que se conforme de una estrategia integral con efectos a largo plazo en la mejora de nuestro sistema político e institucional. Este enfoque preventivo se centra, por una parte, en las medidas basadas en los valores, que son aquellas que buscan cambiar la consciencia y cultura general u organizativa fomentando la ética e integridad pública a través de la formación, pero también de la modificación de las estructuras de incentivos a nivel político y administrativo. Por otra parte, encontramos las medias basadas en el cumplimiento, es decir, en la mejora los controles de la actividad pública y de los sistemas de rendición de cuentas, donde debemos poner una especial atención en el fomento de las herramientas para que la sociedad civil y la ciudadanía se constituyan también en garantes de la integridad de sus instituciones. En el ámbito de la prevención de la corrupción, los organismos internacionales han puesto de manifiesto algunas de las falencias que nuestro país debería abordar. En este sentido, el informe de la quinta ronda de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) subraya la importancia de desarrollar una estrategia anticorrupción integral, que vaya más allá de medidas específicas que se han desarrollado en los últimos años de indudable interés, pero a las que falta una visión holística en el abordaje de la corrupción y el fomento de la integridad pública. IV Es en ese marco en el que se crea la Oficina de prevención de la corrupción, con el objetivo de que se constituya como el […]